El VIH y Sida afecta tanto a mujeres como a hombres, sin embargo, los factores discriminatorios de género de orden social, cultural, económico, legal y biológico, y especialmente la violencia sexual, hacen que mujeres y hombres enfrenten la enfermedad de distinta manera.
Fisiológicamente, las mujeres y adolescentes son de dos a cuatro veces más susceptibles al VIH que los hombres, ya que sus órganos genitales presentan mayor superficie mucosa donde pueden presentarse lesiones microscópicas. Las jóvenes y adolescentes, cuyo aparato reproductor no está plenamente desarrollado, son aún más vulnerables al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y el riesgo de contraer esta enfermedad en las mujeres con otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) no tratadas aumenta (OPS, 2002).
Según el informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial del VIH y Sida 2009, en 2008 se registraron 2 millones de personas en Latinoamérica viviendo con VIH, frente a los 1,6 millones registrados en 2001. El número de hombres infectados por el VIH en América Latina sigue siendo considerablemente más elevado que el número de mujeres, sin embargo la brecha ha disminuido drásticamente en los últimos años.
Así, por ejemplo en Perú la relación hombre/mujer era de 12:1 en 1990, y en el 2008 fue de 3:1 (ONUSIDA, 2009). En América Latina las mujeres constituyen el 30% de los adultos seropositivos y en el Caribe representan aproximadamente la mitad de todas las personas infectadas, siendo la prevalencia del VIH especialmente elevada entre mujeres adolescentes y jóvenes, quienes tienden a presentar tasas significativamente más altas que los varones de la misma edad (ONUSIDA, 2009).
Las epidemias nacionales en América Latina se concentran en su mayoría entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas trans, usuarios de drogas inyectables y profesionales del sexo. Entre las mujeres trabajadoras sexuales, la prevalencia del VIH varía desde menos del 1% en Nicaragua, 2% en Panamá hasta 5% en Guatemala y más del 10% en Honduras (OPS, 2005). Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de los gastos destinados a la prevención del VIH en la región se asigna a programas de prevención dirigidos específicamente a estas poblaciones (ONUSIDA, 2008).
Según autoras como Herrera y Campero, “desde que apareció el VIH y Sida hubo una evolución conceptual en la forma de caracterizar a la epidemia: de la idea de 'grupos de riesgo' se pasó a la de 'prácticas de riesgo', luego a la de 'situaciones y contextos de riesgo”, y finalmente a la de 'condiciones sociales del riesgo', lo que dio lugar al concepto de “vulnerabilidad". La distinción es importante, ya que "mientras el riesgo apunta hacia una probabilidad y evoca una conducta individual, la vulnerabilidad es un indicador de inequidad y desigualdad social y exige respuestas en el ámbito de la estructura social y política" (Herrera, 2000).
La pobreza, el machismo, el bajo status social y la inequidad de los derechos económicos y las oportunidades educativas, ponen a las mujeres y a niñas y niños en riesgo. Diversas investigaciones han evidenciado la relación entre las experiencias de violencia sexual y de género, y la infección por VIH. Esta relación puede darse de forma directa a través de violencia sexual, y de manera indirecta, debido a que las relaciones de poder limitan la capacidad de las mujeres para negociar el uso de preservativos y para negarse a encuentros sexuales no deseados (OPS, 2005).
Según diferentes estudios, la construcción social de la masculinidad anima a los hombres y a los niños a tener relaciones sexuales a temprana edad y con muchas parejas como símbolo de virilidad. Así, desde muy jóvenes se involucran en actividades riesgosas y desarrollan comportamientos sexuales agresivos que incrementan su propia vulnerabilidad y la de las mujeres (UNFPA, Promundo, 2007).
Las distintas resistencias y tabúes que prevalecen en la región, obstaculizan el abordaje abierto de la sexualidad y del VIH y Sida entre la juventud, ya que relegan la dimensión sexual a la privacidad familiar y la dejan fuera del debate público. Esta cultura favorece la invisibilización de la sexualidad en la educación y en los espacios formativos de las nuevas generaciones de jóvenes, como la familia y los medios de comunicación, y es uno de los principales desafíos para dar respuesta a la propagación del VIH y Sida en la población (UNFPA, 2006).
Una de las razones que dificultan el diagnóstico precoz de la infección es que la prueba y la consejería de VIH no son ofrecidas a las mujeres y hombres que consultan en la mayoría de los servicios de salud de los países más pobres. Además, el miedo a la estigmatización, la violencia y la discriminación, son también factores que impiden a las mujeres y a los hombres desvelar su condición de personas que viven con VIH y acceder a programas de atención y prevención. Esto conlleva importantes riesgos para las poblaciones más vulnerables, como por ejemplo, las mujeres embarazadas y mujeres en estado de lactancia.
Los países latinoamericanos y del Caribe han realizado grandes esfuerzos para poner en marcha planes nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y han desarrollado marcos legales que orientan el trabajo de las instituciones y los derechos de las mujeres y hombres que sufren SIDA o son seropositivos.
El desafío es fortalecer la incorporación del enfoque de género a estos marcos programáticos y legales, tal y como apunta la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH y Sida acordada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001: “teniendo en cuenta el contexto y el carácter de la epidemia y que a escala mundial las mujeres y las niñas están desproporcionadamente afectadas por el VIH y Sida, elaborar y acelerar la aplicación de estrategias nacionales que: promuevan el adelanto de la mujer y su pleno disfrute de todos los derechos humanos; promuevan la responsabilidad compartida de hombres y mujeres para asegurar relaciones sexuales sin riesgo; capaciten a la mujer para controlar y decidir de manera libre y responsable las cuestiones relativas a su sexualidad a fin de aumentar su capacidad de protegerse contra la infección.”
Dato Importante: Hasta diciembre de 2008, el 52% de las mujeres embarazadas infectadas por el VIH del Caribe y el 54% de América Latina, recibían medicamentos antirretrovíricos para la prevención de la transmisión maternoinfantil. La cobertura en materia de prevención en centros prenatales del Caribe y América Latina supera la cobertura mundial del 45% (OMS, UNICEF, ONUSIDA, 2009), lo que representa una mejora significativa frente al 22% y el 23% de las respectivas regiones en 2004 (ONUSIDA, 2009).
Fisiológicamente, las mujeres y adolescentes son de dos a cuatro veces más susceptibles al VIH que los hombres, ya que sus órganos genitales presentan mayor superficie mucosa donde pueden presentarse lesiones microscópicas. Las jóvenes y adolescentes, cuyo aparato reproductor no está plenamente desarrollado, son aún más vulnerables al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y el riesgo de contraer esta enfermedad en las mujeres con otras ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) no tratadas aumenta (OPS, 2002).
Según el informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial del VIH y Sida 2009, en 2008 se registraron 2 millones de personas en Latinoamérica viviendo con VIH, frente a los 1,6 millones registrados en 2001. El número de hombres infectados por el VIH en América Latina sigue siendo considerablemente más elevado que el número de mujeres, sin embargo la brecha ha disminuido drásticamente en los últimos años.
Así, por ejemplo en Perú la relación hombre/mujer era de 12:1 en 1990, y en el 2008 fue de 3:1 (ONUSIDA, 2009). En América Latina las mujeres constituyen el 30% de los adultos seropositivos y en el Caribe representan aproximadamente la mitad de todas las personas infectadas, siendo la prevalencia del VIH especialmente elevada entre mujeres adolescentes y jóvenes, quienes tienden a presentar tasas significativamente más altas que los varones de la misma edad (ONUSIDA, 2009).
Las epidemias nacionales en América Latina se concentran en su mayoría entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas trans, usuarios de drogas inyectables y profesionales del sexo. Entre las mujeres trabajadoras sexuales, la prevalencia del VIH varía desde menos del 1% en Nicaragua, 2% en Panamá hasta 5% en Guatemala y más del 10% en Honduras (OPS, 2005). Sin embargo, sólo un pequeño porcentaje de los gastos destinados a la prevención del VIH en la región se asigna a programas de prevención dirigidos específicamente a estas poblaciones (ONUSIDA, 2008).
Según autoras como Herrera y Campero, “desde que apareció el VIH y Sida hubo una evolución conceptual en la forma de caracterizar a la epidemia: de la idea de 'grupos de riesgo' se pasó a la de 'prácticas de riesgo', luego a la de 'situaciones y contextos de riesgo”, y finalmente a la de 'condiciones sociales del riesgo', lo que dio lugar al concepto de “vulnerabilidad". La distinción es importante, ya que "mientras el riesgo apunta hacia una probabilidad y evoca una conducta individual, la vulnerabilidad es un indicador de inequidad y desigualdad social y exige respuestas en el ámbito de la estructura social y política" (Herrera, 2000).
La pobreza, el machismo, el bajo status social y la inequidad de los derechos económicos y las oportunidades educativas, ponen a las mujeres y a niñas y niños en riesgo. Diversas investigaciones han evidenciado la relación entre las experiencias de violencia sexual y de género, y la infección por VIH. Esta relación puede darse de forma directa a través de violencia sexual, y de manera indirecta, debido a que las relaciones de poder limitan la capacidad de las mujeres para negociar el uso de preservativos y para negarse a encuentros sexuales no deseados (OPS, 2005).
Según diferentes estudios, la construcción social de la masculinidad anima a los hombres y a los niños a tener relaciones sexuales a temprana edad y con muchas parejas como símbolo de virilidad. Así, desde muy jóvenes se involucran en actividades riesgosas y desarrollan comportamientos sexuales agresivos que incrementan su propia vulnerabilidad y la de las mujeres (UNFPA, Promundo, 2007).
Las distintas resistencias y tabúes que prevalecen en la región, obstaculizan el abordaje abierto de la sexualidad y del VIH y Sida entre la juventud, ya que relegan la dimensión sexual a la privacidad familiar y la dejan fuera del debate público. Esta cultura favorece la invisibilización de la sexualidad en la educación y en los espacios formativos de las nuevas generaciones de jóvenes, como la familia y los medios de comunicación, y es uno de los principales desafíos para dar respuesta a la propagación del VIH y Sida en la población (UNFPA, 2006).
Una de las razones que dificultan el diagnóstico precoz de la infección es que la prueba y la consejería de VIH no son ofrecidas a las mujeres y hombres que consultan en la mayoría de los servicios de salud de los países más pobres. Además, el miedo a la estigmatización, la violencia y la discriminación, son también factores que impiden a las mujeres y a los hombres desvelar su condición de personas que viven con VIH y acceder a programas de atención y prevención. Esto conlleva importantes riesgos para las poblaciones más vulnerables, como por ejemplo, las mujeres embarazadas y mujeres en estado de lactancia.
Los países latinoamericanos y del Caribe han realizado grandes esfuerzos para poner en marcha planes nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y han desarrollado marcos legales que orientan el trabajo de las instituciones y los derechos de las mujeres y hombres que sufren SIDA o son seropositivos.
El desafío es fortalecer la incorporación del enfoque de género a estos marcos programáticos y legales, tal y como apunta la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH y Sida acordada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001: “teniendo en cuenta el contexto y el carácter de la epidemia y que a escala mundial las mujeres y las niñas están desproporcionadamente afectadas por el VIH y Sida, elaborar y acelerar la aplicación de estrategias nacionales que: promuevan el adelanto de la mujer y su pleno disfrute de todos los derechos humanos; promuevan la responsabilidad compartida de hombres y mujeres para asegurar relaciones sexuales sin riesgo; capaciten a la mujer para controlar y decidir de manera libre y responsable las cuestiones relativas a su sexualidad a fin de aumentar su capacidad de protegerse contra la infección.”
Dato Importante: Hasta diciembre de 2008, el 52% de las mujeres embarazadas infectadas por el VIH del Caribe y el 54% de América Latina, recibían medicamentos antirretrovíricos para la prevención de la transmisión maternoinfantil. La cobertura en materia de prevención en centros prenatales del Caribe y América Latina supera la cobertura mundial del 45% (OMS, UNICEF, ONUSIDA, 2009), lo que representa una mejora significativa frente al 22% y el 23% de las respectivas regiones en 2004 (ONUSIDA, 2009).
