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martes, 28 de junio de 2011

Planificación

La planificación de género, no es tan sólo una cuestión técnica, es también un proceso político. La evolución en las formas de conceptualizar la situación de las mujeres, a la hora de definir las estrategias del desarrollo, ha dado lugar a que estas hayan participado de distintas de maneras en los procesos de desarrollo a lo largo de los años. La clasifi cación realizada por Moser (1999) es muy útil para entender la evolución de los distintos enfoques.

El enfoque del bienestar, que caracterizó las políticas de cooperación implementadas desde los años 50 hasta entrados los 70, se basaba en un modelo de desarrollo que priorizaba la modernización y el crecimiento acelerado del producto nacional. En este contexto, las acciones enfocadas a mujeres consistían en ayuda asistencial y buscaban la satisfacción de las necesidades prácticas asociadas a su rol reproductivo, proveyéndolas de alimentos, salud materno-infantil y planifi cación familiar (Murguialday, 2000).

Los avances logrados por los estudios de género y el movimiento feminista a principios de los años 70, impulsaron nuevos planteamientos para desarrollar políticas públicas y cooperación internacional.

La introducción del concepto de género permitió dejar de considerar a las mujeres como problema, para entender que su situación se debe a las desigualdades de género que han sido socialmente construidas a lo largo de la historia. En este contexto surgió el primer enfoque MED (Mujeres en el desarrollo), también bautizado por Kabeer (1994) como “enfoque de la igualdad de oportunidades”, ya que situó a las mujeres cono activas participantes del desarrollo y buscaba lograr su “igualdad” de oportunidades en el acceso a la educación y al trabajo.

Este primer enfoque MED, se hizo popular durante la Década de la Mujer (1975-85) que siguió a la Primera Conferencia Mundial de la Mujer de México (1975). Su fortaleza estaba en el reconocimiento del triple rol desarrollado por las mujeres (productivo, reproductivo y comunitario), y en redirigir la atención de las políticas y proyectos de desarrollo hacia los intereses estratégicos de género: la autonomía económica y política.

Sin embargo el segundo enfoque MED, impulsado en los 70 por feministas marxistas y estructuralistas, fue mucho más blando. Es conocido como enfoque anti-pobreza, debido a que entendía que la pobreza de las mujeres era una consecuencia del subdesarrollo y por tanto, los esfuerzos del desarrollo debían dirigirse sencillamente a promover la productividad de las mujeres pobres para generar su obtención ingresos.

En los años 80, apareció el tercer enfoque MED, en el contexto de la deuda y las políticas neoliberales de ajuste estructural. La participación económica de las mujeres fue vista como una
buena estrategia para lograr la efi ciencia de las políticas de desarrollo, ya que su mayor adquisición económica derivaba en mayor bienestar comunitario. Sin embargo este enfoque fue criticado por generar desarrollo a expensas del trabajo no remunerado de las mujeres.
Pese a los avances que supuso para la inclusión de las mujeres en el desarrollo, el enfoque MED fue criticado por centrarse en las mujeres como grupo benefi ciario, y obviar las relaciones
de género que reproducen las desigualdades de poder entre mujeres y hombres.

A partir de estas diferencias, las teorías feministas identificaron enfoques alternativos como el “Enfoque de Género en el Desarrollo” (GED), cuyo objetivo era defi nir, con la activa participación femenina, un nuevo modelo de desarrollo que subvierta las actuales relaciones de poder basadas en la subordinación de las mujeres (García / PNUD, 2008).

La primera versión del enfoque GED, surgida a mediados de los años 80, puso el énfasis en el empoderamiento de las mujeres a través del acceso a recursos, autonomía y poder, como forma de satisfacer sus intereses estratégicos.

La segunda versión, que emergió en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995) y sigue vigente en la actualidad, plantea que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano, y que la equidad en el acceso a los recursos y el poder, son elementos indisociables del desarrollo humano sostenible.