El origen de las políticas públicas de igualdad de género radica en el reconocimiento de que el Estado y los poderes públicos tienen la responsabilidad de eliminar las desigualdades de género y enfrentar la discriminación de las mujeres, y para ello defi nen un marco que describe
cómo se debe operativizar tal compromiso en el quehacer institucional.
Las políticas públicas de igualdad de género se pueden defi nir como “el conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación de la mujer y de la igualdad de género entre mujeres y hombres” (Bustelo, 2004).
A través de las mismas se desarrollan una serie de medidas compensatorias
con el objetivo de eliminar las discriminaciones por razón de sexo que limitan las oportunidades
de mujeres y hombres para acceder y desarrollarse en igualdad de condiciones en los ámbitos
político, social, económico, cultural, afectivo, educativo, etc.
Se parte de la premisa de que las políticas públicas no son neutrales al género y por tanto generan impactos diferenciados sobre mujeres y hombres. Esta afi rmación hace que se vuelva necesario diagnosticar las consecuencias que tienen las relaciones y desigualdades de género en los análisis socio-económicos y políticos, para evitar los sesgos discriminatorios de las políticas.
Existen distintas formas de abordar las políticas que intervienen en las relaciones entre mujeres y hombres, que han ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas (García / PNUD, 2008):
La aplicación del “gender mainstreaming” a las políticas públicas supone que la dimensión de género y la igualdad de oportunidades deben promoverse tanto desde la toma de decisiones como desde la gestión.
Se trata por tanto de integrar el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todos los momentos del proceso de desarrollo de una política (análisis, planifi cación, ejecución y evaluación); en todas las áreas de políticas relevantes y en todos los niveles sectoriales. Para ello, es importante involucrar a todos los actores (políticos, técnicos y sociales) y desarrollar aquellas herramientas y técnicas necesarias (Planes de Igualdad, presupuestos sensibles al género, etc.) (De la Cruz, 2009).
Las políticas de igualdad de género parten de un análisis situacional a través del cual se examinan los aspectos de género que afectan tanto a los actores ó benefi ciarios/as, como a la misma institución a nivel externo e interno. En base a este análisis se elabora la política, que contiene una justifi cación de la necesidad de integrar los temas de género y de los benefi cios que tal cambio institucional conllevará en relación a la igualdad entre mujeres y hombres. Finalmente, se requiere una estrategia de ejecución y/o un plan de acción, con la descripción detallada de cómo se ejecutará la política, el periodo, las actividades, plazos, presupuestos, responsabilidades e indicadores para su seguimiento y evaluación
Los planes y las leyes de igualdad son algunas de las herramientas o instrumentos que han facilitado el desarrollo de políticas públicas. En muchos países su elaboración ha contado con la participación de las organizaciones de mujeres, sin embargo, a menudo su aplicación ha sido insufi ciente debido a la debilidad administrativa y de planifi cación, a los limitados recursos asignados o a la falta de voluntad política.
Los Planes de Igualdad de Oportunidades son instrumentos técnico-políticos de planifi cación para la igualdad de género, en ellos se recoge las áreas prioritarias en materia de igualdad de género, y se plantean propuestas de política pública. A su vez, las leyes de igualdad permiten dar coherencia estratégica al conjunto de intervenciones en todos los sectores de la acción pública; recordar el marco legal internacional y regional para la igualdad de género ratifi cado por el país y los compromisos asumidos; defi nir el marco conceptual, los criterios estratégicos, los ámbitos de intervención y los objetivos generales y; poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas (De la Cruz, 2009).
Tradicionalmente, la gestión de las políticas públicas ha estado encomendada a las instancias estatales. Sin embargo, con el desarrollo de la democracia, la gobernabilidad y el liderazgo de sociedad civil organizada, a los actores estatales – entre ellos los Mecanismos Nacionales de Igualdad -, se han ido sumando nuevos actores como la sociedad civil, el sector privado y
los partidos políticos.
Las constantes demandas de la sociedad civil, y especialmente del movimiento amplio de mujeres, han logrado incorporar los problemas sociales en la agenda política, incidiendo en su institucionalización a través de las políticas públicas y su presupuestación. Además se han constituido en parte clave del proceso de fi scalización de su implementación y del seguimiento y evaluación de resultados, generando el impulso necesario para hacer efectiva la igualdad de género.
cómo se debe operativizar tal compromiso en el quehacer institucional.
Las políticas públicas de igualdad de género se pueden defi nir como “el conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación de la mujer y de la igualdad de género entre mujeres y hombres” (Bustelo, 2004).
A través de las mismas se desarrollan una serie de medidas compensatorias
con el objetivo de eliminar las discriminaciones por razón de sexo que limitan las oportunidades
de mujeres y hombres para acceder y desarrollarse en igualdad de condiciones en los ámbitos
político, social, económico, cultural, afectivo, educativo, etc.
Se parte de la premisa de que las políticas públicas no son neutrales al género y por tanto generan impactos diferenciados sobre mujeres y hombres. Esta afi rmación hace que se vuelva necesario diagnosticar las consecuencias que tienen las relaciones y desigualdades de género en los análisis socio-económicos y políticos, para evitar los sesgos discriminatorios de las políticas.
Existen distintas formas de abordar las políticas que intervienen en las relaciones entre mujeres y hombres, que han ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas (García / PNUD, 2008):
La aplicación del “gender mainstreaming” a las políticas públicas supone que la dimensión de género y la igualdad de oportunidades deben promoverse tanto desde la toma de decisiones como desde la gestión.
Se trata por tanto de integrar el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todos los momentos del proceso de desarrollo de una política (análisis, planifi cación, ejecución y evaluación); en todas las áreas de políticas relevantes y en todos los niveles sectoriales. Para ello, es importante involucrar a todos los actores (políticos, técnicos y sociales) y desarrollar aquellas herramientas y técnicas necesarias (Planes de Igualdad, presupuestos sensibles al género, etc.) (De la Cruz, 2009).
Las políticas de igualdad de género parten de un análisis situacional a través del cual se examinan los aspectos de género que afectan tanto a los actores ó benefi ciarios/as, como a la misma institución a nivel externo e interno. En base a este análisis se elabora la política, que contiene una justifi cación de la necesidad de integrar los temas de género y de los benefi cios que tal cambio institucional conllevará en relación a la igualdad entre mujeres y hombres. Finalmente, se requiere una estrategia de ejecución y/o un plan de acción, con la descripción detallada de cómo se ejecutará la política, el periodo, las actividades, plazos, presupuestos, responsabilidades e indicadores para su seguimiento y evaluación
Los planes y las leyes de igualdad son algunas de las herramientas o instrumentos que han facilitado el desarrollo de políticas públicas. En muchos países su elaboración ha contado con la participación de las organizaciones de mujeres, sin embargo, a menudo su aplicación ha sido insufi ciente debido a la debilidad administrativa y de planifi cación, a los limitados recursos asignados o a la falta de voluntad política.
Los Planes de Igualdad de Oportunidades son instrumentos técnico-políticos de planifi cación para la igualdad de género, en ellos se recoge las áreas prioritarias en materia de igualdad de género, y se plantean propuestas de política pública. A su vez, las leyes de igualdad permiten dar coherencia estratégica al conjunto de intervenciones en todos los sectores de la acción pública; recordar el marco legal internacional y regional para la igualdad de género ratifi cado por el país y los compromisos asumidos; defi nir el marco conceptual, los criterios estratégicos, los ámbitos de intervención y los objetivos generales y; poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas (De la Cruz, 2009).
Tradicionalmente, la gestión de las políticas públicas ha estado encomendada a las instancias estatales. Sin embargo, con el desarrollo de la democracia, la gobernabilidad y el liderazgo de sociedad civil organizada, a los actores estatales – entre ellos los Mecanismos Nacionales de Igualdad -, se han ido sumando nuevos actores como la sociedad civil, el sector privado y
los partidos políticos.
Las constantes demandas de la sociedad civil, y especialmente del movimiento amplio de mujeres, han logrado incorporar los problemas sociales en la agenda política, incidiendo en su institucionalización a través de las políticas públicas y su presupuestación. Además se han constituido en parte clave del proceso de fi scalización de su implementación y del seguimiento y evaluación de resultados, generando el impulso necesario para hacer efectiva la igualdad de género.
